- ✓ La Agencia Nacional de Tierras tituló 2.377 hectáreas, de las que hacen parte 12 centros de salud y dos instituciones educativas.
- ✓ Se avanzó con el 70% de los Comités de Reforma Agraria en cinco de los siete municipios del departamento, con 1.500 participantes y 115 representantes.
Arauca, 16 de diciembre de 2024. @AgenciaTierras
El Gobierno del Cambio, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha materializado la formalización de 1.253.374 hectáreas de tierra en el territorio nacional en tan solo dos años y medio, mientras que en los cuatro años de Duque se formalizaron tan solo 1.072.519, y en el de Santos 265.088 hectáreas. En el departamento de Arauca, se titularon este año 2.377 hectáreas y se tramitaron 368 expedientes en el Registro de Ordenamiento RESO.
Iniciativas comunitarias con enfoque diferencial
La Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—entregó 22 iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico y enfoque de género, con inversión de 8.320 millones de pesos, para garantizar su seguridad alimentaria, preservar y fortalecer prácticas tradicionales, ancestrales y procesos comunitarios de su territorio.
En Arauca, se completaron cuatro solicitudes: tres de ellas, para ampliación de las comunidades indígenas Matecandela, Cajaros y San José de Lipa, de los Pueblos Sikuani e Hitnü; y una titulación colectiva para la comunidad negra Meleo Cipo Amu Arrechea.
Así mismo, se caracterizaron 1.708 hectáreas correspondientes a 1.300 personas entre comunidades indígenas, trabajadores agrarios, mujeres cabeza de hogar y población desplazada.
En los Comités Municipales de Reforma Agraria, las comunidades proponen soluciones para la dotación de tierras, su aprovechamiento productivo y trazabilidad del proceso. Ninguna entidad o grupo está más capacitado que los propios habitantes rurales para identificar necesidades, desafíos y oportunidades para sus territorios.
Por ello, en Arauca se avanzó en su conformación en cinco de los siete municipios del departamento: Arauquita, Tame, Fortul, Saravena y Puerto Rondón, con aproximadamente 1.500 participantes y 115 representantes, entre organizaciones campesinas, comunidades étnicas, afro, LGBTIQ+, reincorporados y mujeres rurales.
“Este año se avanzó en forma contundente en la titulación de predios baldíos y Entidades de Derecho Público (EDP) para el desarrollo y beneficio de los araucanos”, resaltó Eider Armando Colina, coordinador de la ANT en este departamento.
Además, aseguró que respecto a las acciones realizadas, y en aras de definir una ruta de trabajo clara y realista por parte de la entidad, se efectuó el alistamiento para beneficiar a 2.000 estudiantes en el municipio de Tame con la futura titulación de 42 EDP.
Con estas acciones, la ANT sigue transformando la tierra en oportunidades para construir un futuro de paz con justicia social en toda Colombia.
Los presos políticos son personas privadas de la libertad no por haber cometido delitos comunes, sino por sus ideas, opiniones, creencias o actividades políticas. Generalmente, su detención está vinculada a contextos de autoritarismo, represión estatal o restricciones severas a las libertades civiles.
La existencia de presos políticos suele ser un indicador de la debilidad del Estado de derecho y del deterioro de la democracia en un país.
En muchos casos, la detención de presos políticos se produce mediante procesos judiciales irregulares o sin las garantías básicas del debido proceso. Se utilizan figuras penales ambiguas, como delitos contra la seguridad nacional o el orden público, para justificar encarcelamientos que en realidad buscan silenciar la disidencia. Estas prácticas generan un clima de miedo que limita la participación política y la libertad de expresión en la sociedad.
La situación de los presos políticos suele estar acompañada de condiciones carcelarias precarias y de violaciones a los derechos humanos. Restricciones en las visitas familiares, falta de acceso a atención médica adecuada y aislamiento prolongado son algunas de las situaciones denunciadas con frecuencia. Estas condiciones no solo afectan a los detenidos, sino también a sus familias y comunidades, que sufren las consecuencias emocionales, económicas y sociales del encarcelamiento.
A nivel internacional, la existencia de presos políticos ha sido objeto de preocupación constante por parte de organismos de derechos humanos. Diversas organizaciones denuncian estos casos, exigen la liberación de los detenidos y promueven sanciones diplomáticas o mecanismos de presión internacional. La solidaridad transnacional y la visibilización de estas situaciones cumplen un papel clave para proteger a las víctimas y limitar los abusos de poder.
En conclusión, los presos políticos representan una grave vulneración de los derechos fundamentales y un obstáculo para la convivencia democrática. Su existencia pone en evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones, garantizar la independencia judicial y proteger las libertades políticas. La liberación de presos políticos y el respeto a la pluralidad de ideas son pasos esenciales para avanzar hacia sociedades más justas, abiertas y respetuosas de los derechos humanos.